C R I S I S

 

En 2007 la economía mundial se enfrentó a una fuerte crisis financiera conocida como crisis subprime, originada en Estados Unidos. Fue su detonante la quiebra de Lehman Brothers, en septiembre del 2008, y estuvo asociada a problemas de impagos de créditos hipotecarios concedidos a personas con muy alto nivel de riesgo.

La crisis de 2008 se saldó con el empobrecimiento del veinticinco por ciento de la población mundial. Sin embargo, aquellos responsables de causar la crisis, no pagaron nada; muy al contrario, se enriquecieron mucho más. 

Es por eso que muchos de los perjudicados dejaron de creer en el sistema democrático; fundamentalmente, porque pensaron que ya no les representaba. Estamos bajo mínimos de credibilidad democrática en el mundo, mientras se acrecienta la confianza en los populismos de derecha e izquierda. Con ello, se ha exacerbado la tendencia al extremismo, hacia la radicalización, hacia el dogmatismo, hacia la construcción de políticas basadas en el odio al otro como modo de cohesión de grupo, que no de ideas.

Hoy, la democracia, para muchos votantes, se reduce a una mera cuestión económica: cuando el bolsillo empeora, se castiga al partido gobernante, tal y como ocurrió en 2008, cuando los recortes en los gastos, obligados por la crisis, abrasó a todos los gobiernos occidentales.

En 2011, Mariano Rajoy, obtuvo para el PP la mayoría absoluta y el mayor poder territorial desde la victoria del PSOE, en 1982. Lo que a la larga posibilitó una de las mayores tramas de corrupción política en los entresijos del partido conservador. Ello, unido a los recortes y subidas de impuestos, le provocarían una gran desafección política que culminó en la moción de censura que lo desalojaría del poder.

Los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez, azotados por crisis externas, como la pandemia de la COVID-19 y la guerra de Ucrania, e internas, como la del procés catalá, no han conseguido mejorar la percepción social y económica de la situación para esa gran clase media que sigue perdiendo estatus y posición. Y para colmo, la oposición no ha encontrado mejor forma de desgastar al Gobierno que la de politizar la justicia y judicializar la política. Es decir, la de sustraer el juego democrático de sus entornos naturales para trasladarlo hacia ámbitos foráneos ajenos e inalcanzables al común de los votantes.

El resultado de todo no ha sido otro que el de la impunidad de la corrupción. Los corruptos gozan del máximo poder, protegidos por las politizadas instancias judiciales en los ámbitos de influencia de sus muchos tejemanejes; como si se tratara de un cáncer terminal que corroyera el cuerpo electoral. Ya no se respetan, ni ideologías, ni siglas partidistas, ni existe un mínimo de decencia política en la mayor parte del cuerpo elegible. Y con estos mimbres, nos disponemos a afrontar un nuevo proceso electoral, donde no parece existir otra alternativa, por uno y otro lado, sino la de seguir legitimando a unos partidos totalitarios que se visten de demócratas con el subterfugio de sus listas electorales cerradas y bloqueadas, confeccionadas con la inexcusable aquiescencia de las élites políticas al arbitrio único de su omnímodo poder dentro de la organización ¡Puñetera democracia!

Quizá el debate, en esta tesitura, no debería ser el de qué opción política nos ha de gobernar, sino la de qué clase de democracia queremos legitimar. Porque un programa político que abogara por una reforma plena de la ley electoral, con listas abiertas y no bloqueadas, con segunda vuelta, y una reforma paralela del código penal que gravara como delitos penales los derivados del transfuguismo y la corrupción política, con pérdida inmediata del escaño, podrían indicar un sano intento de salvaguardar la democracia en sus valores primigenios. Pero esto es algo que ningún partido, ni ningún programa, planteará a sus votantes. Pues nada, y en lo que a mí respecta ¡Anda y que les vote su clientela particular!