¡AQUELLOS DESPILFARROS!

Parece que el Parlamento Europeo, harto de recibir y oír quejas sobre el río Tajo, decidió comisionar a un grupo de expertos para que elaboraran in situ un informe sobre la situación. Y que éstos, tras su pertinente visita, elaboraron un documento en el que entre otras cosas solicitaban a las autoridades españolas que revisaran al alza el caudal ecológico del río Tajo de modo que posibilite «un grado de disolución suficiente de las aguas residuales», que es tanto como decir que hay que elevar los caudales circulantes por el río, sobre todo en sus tramos alto y medio, si se quiere que deje de ser un mero conductor de aguas fecales a su paso por Toledo capital. También se reconoce en el susodicho informe, directa o indirectamente, que la causa principal del bajo caudal circulante no es otra que la del trasvase del agua a Levante, y que en aquella región, precisamente, no se están aprovechando adecuadamente las posibilidades alternativas que ofrecen las plantas desaladoras que la Unión Europea costeó.

Es decir; el Parlamento Europeo reitera una vez más su doctrina en política de aguas, que no es otra que aquella que mantiene que los recursos hídricos deben gestionarse en sus demarcaciones, y que la política de trasvases intercuencas no es sino una veleidad añorada, pedida y hasta exigida por los lobbies del hormigón y la obra hidráulica, apoyada, eso sí, por una gran masa de interesados que no ven más allá de sus propias conveniencias y de aquello del «agua pa regar».

Pero llegado a este punto lo que me interesa recordar es que lo que dice ahora el informe de los expertos europeos, hace mucho tiempo que llevan diciéndolo instituciones prestigiosas de este país, además del movimiento ecologista nacional y regional, que por cierto siempre ha sido denostado por ello.

Y ha sido denostado sobre todo por los gobiernos y los políticos regionales, siempre sumisos ante el lobbie agrario, aunque ello no les impidiera utilizar los postulados ecologistas según les conviniera o no. Y vamos al caso de esta afirmación:

Hace ya más de quince años que a bombo y platillo se anunció la firma de un convenio entre la Administración del Estado y el Gobierno de Castilla La Mancha con el objeto de construir una tubería capaz de trasvasar aguas desde la cabecera del Tajo hasta la Mancha de Ciudad Real. Unas obras que se justificaron como el desagravio histórico de Castilla La Mancha en el reparto de las aguas de un río que, si resultaba insostenible y hasta «criminal» que se las llevaran a Levante, en cambio nos parecía fenomenal si esas aguas venían para acá. Vamos que aquello de los trasvases estaba mal, que era algo que no se podía soportar si era para los demás, pero en cambio, si era para nosotros, eso ya es otro cantar.

Entonces el movimiento ecologista se opuso con todas sus fuerzas a la construcción del «tubo»: por honestidad ideológica —los trasvases no eran la solución—, y porque la obra renunciaba a afrontar las verdaderas causas del problema que no era otra que la consentida sobreexplotación de los grandes acuíferos manchegos. Como consecuencia las organizaciones ecologistas fueron tan vapuleadas desde los órganos del poder político —central y regional—, junto con los sectores más conservadores de la administración hidráulica y las organizaciones agrarias, que estuvo a punto de sucumbir en la Región.

Y ahora, quince años después, vienen los expertos y parlamentarios europeos a decirnos lo que ya dijéramos sobre los trasvases, y a cambio nos disponemos a aplaudirles oficialmente, porque ya sólo se habla del trasvase al Levante, y nadie quiere recordar los centenares de millones de euros que quedaron enterrados con la «tubería manchega». Una obra megalómana y colosal que no ha servido, ni sirve, ni servirá jamás, para nada salvo para avergonzar a todos aquellos —políticos, funcionarios y organizaciones— que lo apoyaron con el sólo objeto de colmar su vanidad.

Pues muy bien. Ojalá que hayamos aprendido la lección y aquellos despilfarros de antaño sean el ejemplo de lo que hay que evitar en esa nueva política o bandera medioambiental que el gobierno Page presume enarbolar.