El pasado 4 de septiembre, el pueblo chileno, en referéndum, y por una amplia mayoría de casi dos tercios del total de votantes efectivos, rechazó la propuesta de constitución que debería de reemplazar a la actualmente en vigor establecida por Pinochet en 1980.
El proyecto de constitución había sido elaborado por una Convención Constitucional compuesta, paritariamente, por setenta y siete hombres y setenta y siete mujeres, de todos los rangos y estratos sociales, incluidos los pueblos indígenas que, durante todo un año, entre el 4 de julio de 2021 y el 4 de julio de 2022, debatieron y elaboraron el contenido del futuro texto constitucional.
Y aunque todo este preámbulo es de sobra conocido por todos los interesados en la política latinoamericana, viene a cuento en mi disertación, porque todavía no llego a comprender esa negativa popular ante la nueva y progresista, propuesta de constitución.
“Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.
¿Se puede renunciar democráticamente a principios tan justos y humanos como lo que enarbola ese artículo 1 del fallido texto constitucional? Pues a los hechos nos remitimos: ¡Sí, se puede, y además con el apoyo de una mayoría incuestionable del sesenta y dos por ciento de los votos emitidos! Luego la pregunta subsiguiente es: ¿Por qué?
Quizá el origen pueda encontrarse en el propio nacimiento de la convención constituyente, fruto de un estallido cuasi revolucionario contra un gobierno surgido de las urnas, aunque autoritario, que no dudaba en proclamarse admirador del dictador Pinochet.
El presidente Piñera, un derechista próximo a la extrema derecha, se vio obligado a aceptar un referéndum sobre la necesidad de elaborar una nueva constitución. Y aquel referéndum se aprobó por una holgada mayoría del ochenta por ciento de los votantes efectivos. Todo parece indicar, por tanto, que la mayoría de los chilenos quería y quiere superar de una vez por todas la herencia pinochetista.
Luego la convocatoria de referéndum por el presidente Gabriel Boric, para someter a aprobación la propuesta del nuevo texto constitucional, no es otra cosa que la aplicación de la lógica democrática como respuesta institucional al requerimiento de los ciudadanos chilenos. Así que no parece que podamos encontrar, por esa dirección, las posibles causas que propiciaron el “No” de los chilenos a lo que unos meses antes reclamaban en las urnas: un cambio constitucional que superara de una vez la época de Pinochet.
Por tanto, quizá, la atención deba prestarse al contenido del texto elaborado, e incluso, al propio proceso de su elaboración.
Veamos: el texto rechazado declaraba a Chile como un Estado social y democrático de derecho, que consagraba derechos humanos como la salud pública universal, la educación gratuita, el acceso a la vivienda diga y al agua. Incluía, también, la protección del medioambiente, nuevos derechos para la población indígena, la igualdad de género libre de cualquier tipo de violencia y la libertad sexual y reproductiva, incluyendo el derecho al aborto. ¿Los chilenos son contrarios a la inclusión en rango constitucional de derechos reconocidos mundialmente por la propia Convención de la ONU sobre derechos humanos?
Pues me da que no, porque como cualquier otra persona, los chilenos son seres humanos racionales en convivencia dentro de su propia sociedad, con lo que ello conlleva de respeto al ser humano y al derecho natural; y después de eso, son ciudadanos y patriotas chilenos.
De modo que, por lógica deductiva y de descarte, el error que ha posibilitado ese no rotundo a la nueva constitución solo puede radicar en el acto de elaboración del propio proyecto constitucional. Es decir, el pueblo chileno expresó claramente que quería reformas; pero también ha expresado claramente que no está de acuerdo en cómo se ha elaborado y presentado el cambio constitucional.
Tras el referéndum, la Convención convocada, del total de sus ciento cincuenta y cinco miembros, ciento tres no pertenecían a ningún partido político. Y para colmo, seis meses después, Gabriel Boric, un activista estudiantil, alcanzó la presidencia chilena. Todos los recelos se despertaron, tanto en las instituciones partidistas, como en el conservadurismo y la derecha extrema chilena, como en los poderes efectivos de las finanzas y el dinero.
Para colmo, la actuación de la propia Convención, pronto derivó hasta convertirse en una caja de grillos donde cada cual arrimaba el ascua a su sardina.
De este modo, cada error, cada salida de tono, cada maximalismo, cada estupidez, tuvo que aceptarse en un acuerdo de muy difícil trabazón. Y este fue el punto flaco que pudo armar a toda la oposición que, con el control de los medios, supo exagerar cualquier extravagancia convirtiéndola en la esencia del proyecto constitucional. Aunque tampoco es de desdeñar la propia identidad individual y política de los chilenos: larguísima tradición política neoliberal; individualismo a ultranza, una acrecentada visión del “Sálvese quien pueda”, racismo con sus poblaciones indígenas, el peso de la religión, y algunas otras peculiaridades más; todo ello les convierte en una sociedad alérgica a los cambios. Sobre todo, a los extremos.
En resumen, una Convención no aceptada por consenso, un Gobierno que no controla la inflación ni la proliferación de la violencia urbana y rural, la obligación del voto, y el avanzado manejo del uso de la posverdad y las fake news por los poderes económicos chilenos defensores del “No”: “¡Chile iba a convertirse en otra Venezuela!”; ¿Qué otra cosa podía resultar salvo un abultado “No” a la reforma constitucional?
Sin embargo, y pese a todo ello, son muchos los chilenos, una gran mayoría, que desean la superación del Chile reaccionario, para consolidar un Estado social y democrático de derecho. Para ello necesitarán retornar y recuperar la confianza en la democracia representativa reflejada en su correspondiente sistema de partidos y otros elementos civiles (sindicatos y organizaciones patronales y sociales) que les instalen en la rueda de la “normalidad” del funcionamiento democrático occidental.
¿Lo lograrán? Pues eso es algo que está por ver, dado que la moda política mundial no parece caminar por los senderos del progresismo, la igualdad y la justicia social, sino todo lo contrario, por los agrestes derroteros de los totalitarismos y la ultraderecha radical.
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